"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mujer
El PP expresa a CERMI Mujeres su compromiso para erradicar del ordenamiento jurídico la esterilización forzosa
16/06/2020
Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Popular han manifestado a la Fundación CERMI Mujeres (FCM) su apoyo a la Proposición de Ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres.
Así lo han expresado las diputadas populares Teresa Angulo, Carmen González, Alicia García y Marga Prohens durante una reunión telemática mantenida este lunes con la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez; la secretaria del patronato de la FMC, Pilar Villarino; la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, y el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín.
En el encuentro online, la FCM ha recordado que, a pesar de los avances legislativos de los últimos meses en materia de género y discapacidad, como el apoyo casi unánime del Senado para aprobar la toma en consideración de una propuesta legal que modifica el artículo 156 del Código Penal, todavía no se ha formalizado la supresión de “una de las mayores vulneraciones permitidas legalmente a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente mujeres y adolescentes”.
En este sentido, la entidad ha incidido en que continuará trabajando para que la modificación del ordenamiento jurídico sea “una realidad”. Por ello, ha agradecido el apoyo expresado por parte del Grupo Parlamentario Popular para erradicar una práctica que atenta gravemente contra los derechos fundamentales.
Asimismo, también han ahondado en el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio. Por su parte, la
Fundación CERMI Mujeres ha destacado a las diputadas populares que este texto legal debe tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.